Han transcurrido escasamente poco más de 20 años desde que las primeras iniciativas estructuradas y sistematizadas en el ámbito de la inclusión laboral en salud mental se pusieron en marcha. Aun eran tiempos en los que, incluso, se ponía en tela de juicio si la inclusión laboral podía representar un beneficio para aquellas personas que presentaban limitaciones para su inclusión social a causa de una problemática de salud mental. La consideración de la relevancia e influencia de los determinantes sociales así como la propia prescripción y orientación a la participación en programas de apoyo de acceso y mantenimiento en el empleo eran una quimera deseada por algunos profesionales, familiares y personas con trastornos de la salud mental y que, a lo largo de las dos últimas dos décadas, ha ido cristalizando y conformando un nuevo escenario en el cual los derechos colectivos y la igualdad y equidad en las oportunidades de este grupo de población es ya una realidad, a pesar de que aún le queda mucho trecho por recorrer.

Aquellas primeras y pioneras experiencias en la inclusión laboral aprovecharon la oportunidad de una legislación que regulaba el “trabajo protegido” e iniciaron su andadura promoviendo y haciendo realidad la contratación y el mantenimiento en el mercado laboral a través de los Centros Especiales de Empleo. Actualmente aquellas iniciativas adaptadas a las nuevas realidades y necesidades sociales conviven cada vez más con programas, servicios y recursos de apoyo a la inclusión en el mercado laboral ordinario, ofreciendo una amplia cartera de oportunidades para el ejercicio del derecho de acceso, permanencia y promoción al mercado laboral que, entre otras cuestiones, facilita el derecho a una vida independiente y a la participación ciudadana.

Es más, hoy,  se empiezan a articular en el ámbito del apoyo a las empresas acciones e iniciativas que persiguen la no exclusión laboral de aquellas personas que forman ya parte del mercado laboral y que en un momento dado de sus vidas o de sus trayectorias laborales pueden presentar limitaciones a causa de una situación vinculada con la salud mental. La promoción y la prevención de la salud y el bienestar mental y su inclusión en el marco de la salud laboral, la incorporación de apoyos en el ámbito empresarial para acompañar a aquellas personas que puedan necesitar apoyos específicos para mantenerse, o si es el caso, reincorporarse al entorno laboral después de un periodo de desvinculación temporal son algunos de los nuevos retos que tenemos por delante para construir empresas saludables.

Una tarea silenciosa que ha facilitado y acompañado toda ésta evolución ha sido el tozudo empecinamiento de, entre otros muchos, los  y las profesionales -técnicos, especialistas, gestores- de muchas entidades como ERAGINTZA o AMMFEINA que, machacona e incansablemente, han estado “incidiendo” en las políticas públicas y en quienes las gestionan, sean cual fueren sus tendencias y colores, para situar la salud mental y el ejercicio de los derechos en la agenda pública. La iniciativa social rara vez no ha ido por delante de las políticas públicas, y la salud mental no ha sido una excepción.

A la inercia lenta pero constante desde la que evolucionaban los logros en salud mental, se ha sumado una pandemia que ha contribuido a aflorar que la salud mental no solo es aquello que afecta a unos pocas  personas y entre las cuales tendemos a pensar que nunca nos encontraremos cualquiera de nosotros. Por desgracia, lo vivido y el rastro de dolor y ausencias que ha dejado, y continua dejando tras de sí, han contribuido a una toma de conciencia colectiva de la necesidad de una correcto equilibrio de nuestra salud mental para un desarrollo adecuado como personas y como seres sociales. La salud mental ya no responde, exclusivamente, a aquel mantra de que 1 de cada 4 personas tendrá a lo largo de su vida un problema de salud mental; el cambio de perspectiva, de mirada, consiste en convencerse de que toda persona, es decir 4 de cada 4, es decir, todas y cada uno de nosotras y nosotros, necesitamos tener una correcta salud mental.

Más de veinte años de sendero y una pandemia nos han traído hasta aquí, donde, al motor que continua siendo la iniciativa social de profesionales, familiares y las propias personas, se ha sumado un paquete de escenarios que, mientras sople de popa, hemos de saber aprovechar ya que, por experiencia sabemos, que lo que hoy está en auge puede cambiar a calma chicha cuando las prioridades sean otras. Hemos de aprovechar la ocasión que nos brindan los tiempos para calar, hasta el mismo tuétano de la consciencia social colectiva y de la definición estructural y estratégica de las políticas públicas, la importancia de la salud mental.

Actualmente en Catalunya disponemos de escenarios y herramientas que pueden y que han de contribuir a este fin. A la iniciativa del Plan Integral de Salud Mental y Adicciones de 2006 y 2010, se sumaron, en 2014 y 2017, dos Estrategias colaborativas entre la sociedad civil y las políticas públicas, que han culminado en el Pacto Nacional de Salud Mental de 2021 y que persigue que la salud mental sea un tema de país, a la misma altura de importancia, relevancia y prioridad que la salud o la educación. Una Comisión de Estudios sobre Salud Mental, constituida recientemente por una amplia mayoría de todo el espectro político del Parlament de Catalunya, es también un factor de oportunidad que deberemos saber aprovechar.